Jueves 29 de julio de 2010

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LEÓN
El Ayuntamiento recurrirá ante el Supremo la sentencia que anula la subida del IBI y pleiteará con la Diputación
El concejal de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Cardo, insiste en que la responsabilidad en la nulidad de la subida "es de la Diputación Provincial"
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leonoticias.com
11/03/2010
El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de León, Miguel Ángel Fernández Cardo
El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de León, Miguel Ángel Fernández Cardo
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AMPLIACIÓN / El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de León, Miguel Miguel Ángel Fernández Cardo, ha anunciado este martes que el Ayuntamiento presentará previsiblemente la próxima semana un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que ha declarado como nula la subida del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI).

El concejal ha vuelto a insistir en que la sentencia que recoge que la  subida del IBI no se realizó conforme a la Ley, apunta a la "Diputación Provincial" como responsable "por un defecto en el anuncio del documento". "Lo importante es que se ha publicado un BOP con fecha de 31 de diciembre de 2007, aunque  el tribunal asegura que no es válido y achaca el error de publicación a la Diputación Provincial", ha asegurado.

"La actuación del Ayuntamiento es conforme a lo reflejado en el BOP" ha defendido el concejal. La publicación del incremento del IBI fue publicada el día 2 de enero de 2008 en la publicación en internet y 24 horas más tarde se hizo en la edición de papel. En esa jornada (día 3) se publicaba la notificación pública del incremento pero con fecha 31 de diciembre de 2007.

Cardo también ha apuntado que el Ayuntamiento de León, tras solventarse este recurso, emprenderá acciones legales a fin de que la Diputación "asuma su responsabilidad".

“La actuación del Ayuntamiento es legal”

Con una copia compulsada del BOP del 31 de diciembre de 2007 sobre la mesa Cardo  ha explicado que la sentencia del  Tribunal Superior de Castilla y León “deja clara la buena fe y legalidad de la tramitación del Ayuntamiento”, ya que recoge que “el único aspecto incorrecto es la publicación del incremento del IBI en el Boletín Oficial de la Provincia”.

Así continúa defendiendo que “prueba de ello es que el TSJCyL sólo aprecia la anulación de la ordenanza para el año 2008 por la publicación, ya que la tramitación del Ayuntamiento es legal y por lo tanto válida para los ejercicios siguientes”. La Cámara de la Propiedad Urbana de León había recurrido la ordenanza de la subida del IBI por su  publicación en el BOP y   tramitación “y todos los motivos alegados contra la tramitación dentro del Ayuntamiento han sido desestimados” apuntó.

Copia compulsada del BOP que incluye la Ordenanza Reguladora del IBI.

“No hay problema de plazos”
 
El partido popular había defendido que la publicación se hizo dentro del plazo estipulado por la Ley Reguladora de los Boletines Oficiales de las provincias, que contempla que la publicación se puede realizar en un plazo de 15 días hábiles al pago de la tasa que corresponda o según la recepción de la orden de inserción. El incremento d el IBI para el año 2008 se había aprobado el 28 de diciembre de 2007. La publicación de la Ordenanza Fiscal tuvo lugar en la página digital del BOP el 2 de enero y la versión impresa salió el 3 de enero de 2008. Pero el documento presenta fecha del 31 de Diciembre de 2007, lo que para Cardo demuestra que “no ha habido ningún problema de plazos, como ha pretendido desviar la atención el PP”.

“La Diputación ha publicado un BOP con fecha falsa”

Y es que el concejal de Hacienda del Ayuntamiento precisa que el problema es que el documento oficial, “el BOP 31 de diciembre de 2007 ha sido considerado por  Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León como falso y ésta una responsabilidad única y exclusiva de la Diputación Provincial gobernada por el Partido Popular”

“No entendemos cómo pudo publicarse un BOP con una fecha falsa ya que el documento debería de haberse publicado a fecha del  2 de enero 2008 en Internet y a fecha de 3 de enero en  papel de enero”, se cuestionaba Cardo, cuando el documento presenta la fecha del 31 de diciembre de 2007.

Un hecho que el concejal ha trasmitido “ tendrá consecuencias legales, ya que la Diputación era consciente desde un primer momento que no había obrado bien y varió las normas de publicación para el ejercicio siguiente reconociendo así que no había hecho bien las cosas, al contrario de lo ocurrido en el Ayuntamiento que ha sostenido la corrección de su actuación”.

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